RIDERS, TRABAJO Y PLATAFORMAS

Finalmente, celebramos que se haya decidido poner fin a la injusta y ahora, ilegal, situación de los falsos autónomos en el sector de los repartidores.

En mayo de este 2021, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-Ley 9/2021 para garantizar los derechos laborales de los repartidores de las plataformas digitales. Esta norma se conformó por un artículo único y dos disposiciones.

El artículo único modificó el Estatuto de los Trabajadores, introdujo la letra d) en el artículo 64 del estatuto de los trabajadores, y así conocer la información sobre algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afecten a decisiones sobre el entorno laboral:

Ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles«.

A su vez, la nueva norma, introdujo una nueva disposición adicional sobre la presunción de laboralidad de las actividades de reparto o distribución de cualquier tipo de producto o mercancía, cuando la empresa ejerce sus facultades de organización, dirección y control, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital.

La inseguridad del trabajo en las plataformas digitales ha llevado a Bruselas a hacer una propuesta para regular el sector siguiendo la estela de la ley española.

Según la Comisión, últimamente ha habido más de cien sentencias que, “en su mayoría”, han fallado que los trabajadores eran falsos autónomos. Para el comisario de Empleo, Nicolas Schmidt, esto es debido debe a que las plataformas han aprovechado “las ambigüedades” de la ley. Y desde Puell Advocats, añadiríamos que las empresas se han aprovechado de la situación económica y laboral por la que atraviesa el país, que confluye con la necesidad imperiosa de trabajar por parte de los nacionales.

La decisión de este miércoles en Bruselas es solo el comienzo de un proceso legislativo comunitario que, posiblemente, no será pacífico ni falto de presiones. Las plataformas digitales advierten, como hacían en España, que una regulación de este tipo va a castigar el empleo.

 

 

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